Cádiz, Algeciras
10 Marzo 2020
Migrantes esenciales
Mientras la ciudadanía española se encontraba confinada tras la declaración del estado de alarma a causa de la COVID-19, miles de personas migrantes temporeras agrícolas eran reclutadas como “trabajadoras esenciales”. En los campos de Andalucía convergen dos colectivos migrantes. Por un lado, personas migrantes que llegaron a España en busca de trabajo y que algunos se encuentran en situación administrativa irregular; y, por otro, mujeres recolectoras de la fresa que por medio de la contratación en origen llegan desde Marruecos con un visado que las habilita a trabajar tres meses recluidas en las fincas, donde desarrollan su trabajo y tienen sus viviendas, en muchos casos extremadamente precarias. El 25 de marzo, en un esfuerzo por contener el brote de COVID-19, el Gobierno de España anunció la congelación de la contratación de trabajadores extranjeros y mantuvo el cierre de la frontera entre España y Marruecos. Las medidas significaron que solo unas siete mil trabajadoras temporales de Marruecos, de las diecinueve mil que habían obtenido visas y contratos, llegaron a las costas españolas. Muchas de ellas, al finalizar su contrato decidieron quedarse en el país para buscar un trabajo digno y poder seguir sosteniendo a sus familias en la distancia. Los temporeros llegan allí donde se necesitan manos para recoger la fruta o verdura, pero ni los empresarios ni las autoridades locales les proporcionan elementos de protección para su salud ni un alojamiento digno donde vivir. Por eso en los últimos años se han extendido los asentamientos informales. En Almería y Huelva, las viviendas son fabricadas a base de palés, cartones y plásticos en descampados entre los invernaderos donde no hay acceso a agua potable o electricidad. Entre los meses de junio y julio se provocaron diversos incendios que destruyeron las viviendas precarias y de los que se desconocen aún los perpetradores.
Un grupo de mujeres marroquíes de la región rural de Larache cruzan el estrecho de Gibraltar en ferry para trabajar en la recogida de la fresa en las explotaciones agrícolas de Andalucía, España. Este fue el último barco que comunicó los dos países antes de la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno de España donde se suspendió temporalmente el transporte marítimo. Esta situación dejó a once mil mujeres marroquíes sin un trabajo para el que ya habían sido contratadas.
Seydou muestra un cartel con una de las reflexiones que más se escuchan por las fincas de Andalucía. El trabajo agrícola es uno de los peor pagados de España. Recoger fresas no es algo que muchas personas españolas opten como medio de vida, pero la producción de fruta sigue siendo el principal pilar económico de la región; por tal motivo los empresarios ávidos de mano de obra reclutan personas migrantes para realizar estos trabajos.
Amina recoge fresas en un invernadero a las afuera de Cartaya. El trabajo en las explotaciones agrícolas de producción de alimentos fue declarado esencial durante el estado de alarma declarado a causa de la pandemia de coronavirus. Pero gran parte de las trabajadoras no contaron con material de seguridad para desarrollar esta tarea, las viviendas donde estaban instaladas no respetaban las normas de higiene y distanciamiento recomendadas para contener y reducir los contágios.
Un grupo de mujeres recolectoras de fresas en una finca a las afueras de Cartaya. Muchas de estas mujeres vieron cómo su visado vencía sin poder regresar a su país de origen al estar vigente el estado de alarma, sin poder buscar otro trabajo, sin tener el apoyo de las empresas e instituciones públicas y gastando en alojamiento y alimentos una parte del dinero ganado en la temporada y que debía ser destinado para el sostenimiento de la familia en Marruecos.
Mujeres recolectoras de fresas en una finca a las afueras de Cartaya. Muchas de estas mujeres vieron cómo su visado vencía sin poder regresar a su país de origen al estar vigente el estado de alarma, sin poder buscar otro trabajo, sin tener el apoyo de las empresas e instituciones públicas y gastando en alojamiento y alimentos una parte del dinero ganado en la temporada y que debía ser destinado para el sostenimiento de la familia en Marruecos.
Nour recoge fresas en un invernadero a las afuera de Cartaya. El trabajo en las explotaciones agrícolas de producción de alimentos fue declarado esencial durante el estado de alarma declarado a causa de la pandemia de coronavirus. Pero gran parte de las trabajadoras no contaron con material de seguridad para desarrollar esta tarea, las viviendas donde estaban instaladas no respetaban las normas de higiene y distanciamiento recomendadas para contener y reducir los contágios.
Hanan en su chabola construida con maderas, plásticos y cartones. En 2019 Hanan llegó a trabajar como recolectora de fresas contratada temporalmente, de origen marroquí, por una empresa española. Al finalizar su contrato decidió quedarse para buscar trabajo y seguir sosteniendo a su familia a riesgo de quedarse en una situación administrativa irregular. Sin papeles y trabajo decidió instalarse junto a otras mujeres marroquíes en su misma situación en un asentamiento entre las fincas de frutos rojos.
Jamal y Albert huyeron de la pobreza y falta de oportunidades en Gambia. El deseo de llegar a Europa les hizo recorrer medio continente africano hasta llegar a las costas libias. Tras varios meses entre detenciones clandestinas y trabajos a régimen de esclavitud en Tripoli, logran llegar a Italia tras ser rescatados en el Mediterráneo central por el barco de una ONG. Desde el sur de Italia llegaron a Andalucía para comenzar la ruta de temporeros agrícolas en busca de un trabajo e ingreso digno. A causa de la declaración del estado de alarma, confinamiento y las restricciones de movimiento, tuvieron que quedarse aislados en su chabola, sin agua potable, electricidad ni la posibilidad de acceder a un trabajo y generar ingresos.
Ismael junto a las bombonas de butano quemadas después del incendio provocado del asentamiento donde vivía el 17 de julio. Ismael recorre una parcela con surcos profundos, observa la tierra en busca de algún objeto de valor que haya sobrevivido al fuego. Con la ayuda de excavadoras, el Ayuntamiento y empresas agrícolas, se consolidaron montículos de tierra mezclados con restos de telas, maderas y hierros para dificultar que se vuelvan a construir las chabolas. Ismael es de Senegal y todos los años recorre el territorio español como trabajador agrícola, su ruta comienza en Andalucía, Almería, Valencia, Cataluña y Aragón.
Hanan junto a las cenizas de su vivienda en el asentamiento de personas migrantes de Lepe. Eran las cuatro de la mañana del 17 de julio cuando se comenzaron a escuchar el chirrido de los plásticos y las maderas que ardían, y explosiones de las garrafas de butano que saltaban por los aires. La tragedia forzó a más de doscientos temporeros a quedarse en situación de calle. Perdieron dinero, ropa, bicicletas, recibos de pago, la tarjeta de la seguridad social y toda documentación que acredita su existencia, vital para solicitar en algún momento los permisos de residencia.
En febrero, Philip Alston, relator de Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, visitó asentamientos y dijo: «las condiciones que vi en los trabajadores migrantes que recogen la fresa en Huelva eran peores que en un campo de refugiados». Muchos han vivido allí durante años y, aunque pueden pagar un alquiler, insisten en que nadie les aceptaría como inquilinos. Aunque trabajan a destajo, ganan 30 € al día y no tienen acceso a casi ninguna ayuda gubernamental.
Ibrahim recoge los restos de un saco de arroz entre las cenizas de su vivienda destruida durante el incendio provocado la madrugada del 17 de julio en el asentamiento junto a las fincas de producción de frutos rojos en Lepe.
Un grupo de migrantes de origen subsahariano se concentra en la plaza frente al Ayuntamiento de Lepe. Llevan años viviendo y trabajando como temporeros en España y exigen regularizar su situación administrativa y tener acceso a una vivienda digna.
Seydou y Amin, frente al Ayuntamiento de Lepe, exigen una respuesta ante la situación de extrema precariedad en la que se encuentran. «No queremos seguir viviendo marginados, con lo que ganamos trabajando podemos pagar el alquiler de una habitación, pero nadie no las quiere alquilar» explica Seydou.
Decenas de personas se convocaron en la plaza frente al ayuntamiento de Lepe para exigir responsabilidades por los incendios provocados y soluciones a sus problemas de acceso a una vivienda digna y la regularización de las persona migrantes trabajadoras en situación irregular.
