Zaragoza, Zaragoza
09 Septiembre 2020
Desahuciadxs
El 21 de junio de 2020 finalizó el estado de alarma decretado en España como consecuencia de la crisis de la COVID-19 y, con ello, los juzgados retomaron su actividad, programando todos los desahucios pendientes y teniendo una media de seis lanzamientos al día en Zaragoza, según declaraciones de la comisión judicial encargada de ejecutar estos procedimientos. La ley aragonesa 10/16, en sus artículos 19.1, 19.2 y 24, garantiza el derecho a una alternativa habitacional para familias en estado de vulnerabilidad declarada, pero la actual directiva de vivienda del Gobierno de Aragón no ofrece dicha alternativa, y multitud de familias son desahuciadas a pesar de las circunstancias actuales y de la situación de vulnerabilidad que arrastran desde antes de esta crisis sanitaria. El 26 de junio, Esperanza, madre de tres menores, uno con un 50 % de discapacidad, y superviviente de violencia de género, fue la primera. Hussein y Amira, también con tres menores, así como la familia de Yahea y Houriyeh, y Ahmad y Bayan, que tenían dos hijos y perdieron al menor de dos años y medio por enfermedad, son las primeras familias refugiadas provenientes de la guerra de Siria desahuciadas, aunque hay más con el lanzamiento señalado a pesar de tener protección internacional. Manuela, de 87 años, vivía con su hijo y su nuera, siendo personas con problemas de salud físicos y mentales que se quedaron, literalmente, en la calle. Claudia, de 18 años, embarazada de ocho meses, e Isaac, su pareja, en paro y sin alternativa. Ruth y José y sus dos hijas menores, por no poder pagar su hipoteca; Santos y Silvia, con cuatro menores a su cargo, sin alternativa. Santi, Moises, Juan, Eli, Fernando, Samuel, Mikal y quince personas más sin hogar, desalojadas de un hotel que sigue abandonado. José, 79 años y Benito, 84, fueron desahuciados sin notificación mientras hacían la compra. El actual decreto antidesahucios aprobado recientemente por el Gobierno central tampoco evita el desamparo sin alternativa de muchas familias.
Después de ser desahuciada, Esperanza se vio obligada a ocupar una vivienda dentro del mismo bloque de SAREB en el que vivía. Actualmente este piso tiene orden de desahucio sin fecha de lanzamiento.
Esperanza, desahuciada el 26 de junio, prepara el colchón para dormir con dos de sus hijos en el suelo del salón de la casa en la que vive temporalmente hasta que se ejecute de nuevo su lanzamiento.
Amira, refugiada siria, días antes de su deshaucio, programado por la imposibilidad de pagar el alquiler al no tener trabajo. Al finalizar el respaldo del Gobierno, el arrendatario solo les permitía quedarse incrementando desproporcionadamente el coste de la vivienda, que superaba el importe de los ingresos familiares.
Ruth espera la llegada de la comisión judicial para ser desahuciada junto a su marido y dos hijas menores. Al no tener suficientes ingresos, no pudo pagar la hipoteca y ha perdido su piso y también el de sus suegros.
La menor de sus tres hijas, nacida ya en España al poco de ser trasladados desde Líbano, se esconde bajo el vestido de su madre, Amira, días antes de su lanzamiento.
El piso de alquiler de Hussein y su familia tiene un coste muy elevado en relación a las condiciones de la vivienda y al resto de alquileres. Es una situación que se repite constantemente en los pisos alquilados a familias refugiadas.
Momentos antes de producirse el desahucio, el cordón policial impide el acceso a la calle donde se va a desarrollar el operativo y sus alrededores, con el fin de evitar el apoyo ciudadano y la acción de la plataforma Stop Desahucios.
Alba, de 15 años, es hija de Esperanza, superviviente de violencia de género, en paro y desahuciada. Viven de ocupas en un piso con proceso de desahucio abierto, pero todavía sin fecha concreta. Después del colegio se entretiene con un móvil al que se conecta gracias a un vecino que le facilitó la contraseña de su wifi.
El día de su desahucio, una de las hijas de Santos y Silvia juega en el patio interior del edificio donde vive y donde han almacenado sus cosas hasta encontrar un sitio donde puedan trasladarse.
Manuela, de 87 años, junto a su nuera días antes de ser desahuciadas. Los problemas de salud físicos y mentales de los tres integrantes de esta familia y el abandono de las instituciones les han llevado a vivir en pésimas condiciones. Sin alternativa habitacional a pesar de su estado de vulnerabilidad, ni familia que pueda acogerles y sin el apoyo de servicios sociales, el 21 de septiembre serán desalojados sin posible negociación con la comisión judicial.
Yahea Hamadi, de origen sirio, me muestra después de ser desahuciado junto a su mujer y sus tres hijos el documento que le entregaron donde pone que tiene protección internacional. Se pregunta de qué sirve esto en España y por qué tuvieron la mala suerte de venir a este país, ya que el resto de personas refugiadas en otros países tienen trabajo y vivienda que les permiten vivir en mejores condiciones.
Claudia, de 18 años y embarazada de ocho meses, en el momento de la intervención policial que ejecuta su desahucio, del que no tenía conocimiento hasta dos días antes de la fecha, cuando desde Stop Desahucios se supo del desalojo de las cuatro viviendas ocupadas en ese mismo edificio. Tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.
Houriyeh Omar, espera la llegada de la comisión judicial para entregar las llaves de su piso por imposibilidad de asumir el incremento del alquiler. En plena pandemia, se ven obligados a ir con otra familia refugiada que también tiene orden de desahucio programada.
José, de 79 años, vive con Benito, de 84, en un bajo del barrio del Gancho. Alguien les dijo que debían abandonar su vivienda el 3 de diciembre, pero no recibieron ninguna notificación y no tenían ningún procedimiento judicial a su nombre. José ha sufrido dos ictus, y Benito también tiene problemas de salud y movilidad. Pagaban un alquiler hasta que la inmobiliaria propietaria cambió de nombre y les devolvían los recibos. El día 3 fueron desahuciados y tapiaron su casa mientras hacían la compra, dejando sus pertenencias y animales encerrados en el interior. Sin ninguna opción ni alternativa habitacional, y ante la pasividad de las instituciones, se alojaron en una pensión cercana que pagamos entre distintas personas voluntarias, y gracias a las redes de apoyo se les consiguió un alquiler y comida.
Ruth observa desde su ventana cómo las personas que han acudido para apoyarla desde las seis de la madrugada resisten de forma pacífica ante la intervención policial intentando impedir la ejecución de su desahucio.
