Huelva, Asentamiento a las afueras de Lepe
23 Mayo 2020
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Reportaje

Comunidad excluida, gastos a parte. Asentamientos de temporeros de Huelva y pandemias neoliberales

El estado de alarma no ha hecho que cambien “las condiciones de insalubridad” en las que viven las personas que pueblan los casi cincuenta asentamientos de chabolas de la provincia de Huelva, entre las poblaciones de Möguer, Palos de la Frontera, Cartaya, Lucena y Lepe. Después de veinticinco años una emergencia sanitaria mundial se suma a los silencios administrativos, los incendios dolosos y las procesiones de medios de comunicación y postureo político mientras las campañas de recogidas de fresas y frutos rojos de Huelva no se detienen, aumentando cada año las hectáreas de producción. 
¿Cómo pueden comunidades enteras de personas trabajadoras, que no tienen acceso a agua, luz, alimentos y gestión de residuos, confinarse y seguir los protocolos de seguridad para proteger su salud y cumplir con el protocolo ante la pandemia? En pleno siglo XXI, lo que está a la vista de todo sigue siendo ninguneado sin que se ofrezcan soluciones y recursos. Europa alimenta así su propio caldo de cultivo. 

Sin embargo y, por suerte, numerosas entidades de carácter asociativo, voluntario y militante son las únicas que en los años, y a lo largo del estado de alarma, se han preocupado de suplir la falta de recursos que debería llegar de los Gobiernos: ayudas humanitarias a seres humanos que no tienen más alternativas que adaptarse al ciclo de explotación de un medievo europeo. Un agradecimiento particular a las reflexiones de Pastora Filigrana sobre lucha feminista y territorio. Pastora es gitana, abogada, especialista en derecho laboral y sindical y en derecho de extranjería, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) y activista por los derechos humanos.

Temporero vuelve al asentamiento después de recoger agua. “No están confinados, es imposible que lo estén en las condiciones en las que subsisten. En algunos casos no tienen ningún tipo de recursos y han de salir a buscarse el agua y la comida para no morirse de hambre.
De forma habitual se desplazan hasta las instalaciones de un comedor social que está operativo en la localidad onubense, pero este, que normalmente abría de lunes a viernes, ahora ha restringido sus servicios y solo funciona tres días a la semana, por las limitaciones que conlleva el estado de alarma». Antonio Abad, miembro del Colectivo de Trabajadores Africanos, presidente de la asociación Asisti Cuenca Minera y socio fundador del Colectivo de Trabajadores Africanos de Huelva (CTA).

Gracias a la explotación de casi ochenta mil personas, con un salario oficial de cuarenta y dos euros para una jornada de trabajo (un precio por debajo del nuevo salario mínimo interprofesional), Huelva produce el 100 % de la frambuesa española, el 96 % de los arándanos y el 97 % de la fresa, con unos beneficios que ascienden a cuatrocientos millones de euros. El cultivo de Huelva es un microuniverso que reproduce todas las dimensiones del neoliberalismo: agricultura insostenible y sobreexplotación laboral de mujeres pobres, inmigrantes, musulmanas, e hijas de la colonia. Las empresas que conforman la patronal fresera tienen dos recursos disponibles para aumentar sus beneficios: la innovación tecnológica y el abaratamiento del salario. Sin embargo, el cultivo de frutos rojos no permite usar máquinas, así que necesita de manos, es decir, pagar lo menos posible por el mayor trabajo posible contratando a personas con necesidades extremas dispuesta a trabajar por menos dinero.

Djibi, senegalés, recolector de arándanos, nos acoge en su asentamiento ubicado en el centro de Lepe, desaparecido por completo en julio 2020 por un incendio doloso, el tercero en varias semanas. Sin casa, Djibi siempre dice «Todo va bien» y participa activamente en las concentraciones convocadas en las semanas sucesivas, junto al grupo de Solución Asentamientos, para pedir una salida a esta situación de infravivienda. Sin embargo, después de varias semanas de protesta, alojados en la plaza del Ayuntamiento, han ofrecido alojamiento solo a setenta y cinco de ellos. Desde Solución Asentamientos han manifestado que «la dejadez» por parte de las administraciones para dar respuesta a los damnificados por los incendios, en concreto y en un primer momento, y a los asentamientos, en general, solo puede ser entendida como una muestra de racismo institucional. Djibi ha encontrado cobijo en otra chabola y sigue trabajando. Siguen ocho asentamientos en Lepe y una nueva campaña a las puertas.

Mujer marroquí mide su casa para poder recibir la fibra de aislamiento que llega con el reparto de alimentos. El 15 de abril de 2020 un incendio arrasa el poblado de inmigrantes y trabajadores agrícolas de Palos de la Frontera. Doscientas personas se han quedado sin refugio para un total de sesenta y siete chozas quemadas. Tras el incendio, algunos de los habitantes han estado construyendo nuevas viviendas precarias con palets y plásticos. El 16 de mayo de 2020, diversas entidades, ya activas en la lucha por mejorar las condiciones de vida de los asentamientos de la zona (Asisti y Colectivo de Trabajadores Africanos de Huelva junto a la Asociación La Carpa, Amigos del Pueblo Saharaui y Taxistas Solidarios) realizan su décima expedición de emergencia COVID-19 para los afectados del incendio: reparto alimentos y productos de limpieza e incorporación de trescientos metros de fibra textil donada por la fábrica de GEOTEXAN para el revestimiento interior y aislamiento de las nuevas chabolas.

Daria y Amina (Guinea Ecuatorial y Marruecos) en la “plaza” del asentamiento de Palos devorado por el incendio doloso de abril 2020. Para los puestos que no se llegan a cubrir con la población autóctona se requiere la contratación de personas inmigrantes. Para esto se utiliza la contratación en origen durante las temporadas de recogida, con obligación de retorno. La patronal solo quiere mujeres por la delicadeza que requiere el trabajo de la recogida de la fresa. La realidad que se oculta detrás es que se considera que una mujer será menos conflictiva sindicalmente que un hombre a la hora de reclamar sus derechos. Si a esto además se le suma que es una mujer pobre, que por el mismo trabajo de recolección en su país cobra un jornal de siete euros, que tiene hijos a su cargo y una familia musulmana, su docilidad será mayor. Sin papeles, sin idioma y redes familiares en el territorio, trabajando en grupos por nacionalidades, las trabajadoras son víctimas de un «divide y vencerás».

Casita de temporeros. Conversar con Antonio Abad, miembro del Colectivo de Trabajadores Africanos y presidente de la asociación Asisti Cuenca Minera y socio fundador del Colectivo de Trabajadores Africanos de Huelva (CTA). “La realidad de los asentamientos de los temporeros de Huelva es el síntoma de una enfermedad grave que tiene nuestro sistema. No es un problema solo de la gente que lo está padeciendo, es un problema nuestro. En Europa llevamos quinientos años luchando por lo derechos sociales, porque haya una cierta igualdad, y ahora resulta que de buenas a primeras, por intereses económicos de a quienes les interesa tener esta mano de obra barata y asequible con la que se pueda hacer lo que sea, ahora hemos hecho un retroceso y permitimos que aquí, en Europa, al lado nuestro, pegando con nuestras casas, haya gente viviendo como si estuviésemos en el siglo XVII, sin agua sin luz sin letrina sin nada. ¿Entonces dónde vamos a parar?»

Vestíbulo de una chabola de Lucena. Amadou Doumbia, presidente del Colectivo de Trabajadores Africanos, insiste en la crítica situación que están viviendo. “No nos llega mucha información porque no tenemos Internet y para cargar el móvil tenemos que ir al pueblo. La gente sigue con su vida normal, pero, claro, no hay nada, ni guantes, ni mascarillas, ni comida. Lo de quedarnos en nuestra casa es difícil porque no podemos pasarnos todo un día debajo de un plástico sin electricidad ni agua. Aquí no hay ningún tipo de protección, el día que caiga uno de nosotros con coronavirus, caemos todos”.

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