Los invisibles de la pandemia

Hassana es de origen marroquí. De niña fue vendida a una familia española en Melilla, que la abandonó siendo adolescente. Entonces comenzó una vida llena de problemas: alcohol, malas compañías, cárcel, etc. Hasta el punto de ser considerada apátrida, al no tener documentación ni aparecer en ningún registro oficial. Hoy en día vive en un pequeño piso de alquiler social que comparte con su pareja, en un antiguo palacio reconvertido del centro histórico de Jerez. Es de las pocas que pagan un alquiler simbólico, la mayoría de viviendas están ocupadas por familias que asiste Cáritas con alimentos, desde antes de que comenzara el estado de alarma. Su compañero fue diagnosticado con un falso positivo en COVID-19, lo que hizo saltar todas las alarmas en la comunidad, llegando a ser increpados y excluídos por sus vecinos. Hassana tiene miedo a salir de casa, aprovecha la noche cerrada para tirar la basura o hacer cosas y duerme durante el día.

Tres generaciones de una misma familia, tres generaciones sufriendo exclusión social. La situación provocada por la COVID-19 no ha hecho más que acrecentar las diferencias entre unos y otros, ricos y pobres, los de aquí y los de fuera. En la imagen, una familia rumana tras recibir mascarillas, comida e indicaciones sobre cómo prevenir el contagio por coronavirus, en la puerta de su hogar en Granada.

Dos céntimos es el capital con el que Juan Ortega, de 54 años, afronta el día. Antes del estado de alarma ocupaba un lugar en el centro de Almería, frente a un hipermercado, donde pasaba el día y recibía ayuda de los vecinos. Esa situación ha cambiado, no le permiten estar en la calle y no consigue comida o limosna para sobrevivir. Tampoco puede acceder al Centro Municipal de Acogida, que está al borde de su capacidad y duerme en la calle cada noche.

Juan Ortega “el Vasco”, de 54 años, vive en la calle en Almería desde 2004. Lleva desde los 13 años en situación de calle: perdió a su madre con 3 años, a su padre con 12 y sus hermanos también murieron. Vivió su adolescencia de paliza en paliza en reformatorios hasta que se escapó.
Antes del estado de alarma, ocupaba un lugar en avenida de Almería, frente a un hipermercado, donde pasaba el día y recibía ayuda de los vecinos. Esa situación ha cambiado, no le permiten estar en la calle y no consigue comida o limosna para sobrevivir. La semana pasada perdió a Alberto “el Argentino”, su mejor amigo; otros tres compañeros han fallecido desde el comienzo de la pandemia. Juan suele conseguir comida porque es una persona apreciada en la ciudad y realiza su propio trabajo solidario con otras personas en situación de calle, compartiendo con ellos lo poco que tiene. El Ayuntamiento de Almería cerró la admisión del Centro Municipal de Acogida al borde de su capacidad, el pabellón habilitado en el barrio del Zapillo tampoco admite a más usuarios, habiendo muchos, como Juan, en la calle sin recursos o ayuda.
“Las noches son lo peor, porque le das vueltas a la cabeza: ¿Qué haré mañana?¿Conseguiré comida?¿Dónde dormiré?” comenta Juan.
Me despido de él justo cuando comienzan a sonar los aplausos de las ocho, Juan me pide un Euro para comprar pan, suena el himno de España desde una ventana. Almería, 21/04/2020.

Radu Rostas, rumano de 54 años, sale de la chabola donde vive para mostrar su medicación a voluntarios de Médicos del Mundo. En estos días que el estado de alarma le impide salir a recoger chatarra, no puede obtener comida o medicación para sus problemas cardiacos. Vive junto a una decena de personas de origen rumano en un asentamiento chabolista insalubre a las afueras del barrio de La Chana, en Granada. Sin agua o electricidad. Hoy han recibido comida, mascarillas y guantes desechables, así cómo información sobre cómo prevenir el contagio por COVID-19, por parte de los voluntarios. 16/04/2020.

El asentamiento chabolista del Cortijo Don Domingo en Níjar ha experimentado un crecimiento exponencial tanto en el número de chabolas como el de personas que lo habitan. Más de doscientas personas migradas de Marruecos y Ghana, principalmente, habitan en condiciones insalubres, sin agua corriente o electricidad. La situación provocada por la COVID-19 hace que no puedan desplazarse para trabajar en los invernaderos, la pobreza y el hambre comienzan a ser patentes en la comunidad. En la imagen, una persona cocina pezuñas de vaca en una lata de aceite oxidada. Níjar, Almería, 23/04/2020.

Temporeras marroquíes recogen fresas en un invernadero localizado en Lepe. Se esperaba la llegada de seis mil mujeres marroquíes para trabajar en la temporada de la fresa, apenas pudieron viajar un 35 % de las esperadas antes del cierre de fronteras producido por la pandemia de la COVID-19. Lepe, Huelva, Huelva, 07/04/2020.

Kwesi Baah, de 32 años y procedente de Malí, llegó a España en un bote cruzando el mar Mediterráneo. En 2014 sufrió un accidente viajando al trabajo en su bicicleta y no ha podido trabajar desde entonces. Vive en una casa abandonada en Níjar que comparte con otras ocho personas que durante el confinamiento no han podido desplazarse ni conseguir jornales.

El Gobierno de España ha aprobado medidas urgentes para favorecer la contratación de trabajadores en el sector agrario. La medida que más llama la atención es la referida a personas migradas: “jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular”. Cuando la mayoría de la comunidad migrada residente en el país se encuentra en situación irregular, o sea, no tienen papeles que les permita acceder a empleo regulado o una vivienda digna. Como las más de mil doscientas personas que habitan en diferentes poblados chabolistas en la pequeña población de Lepe. En la imagen, un joven de origen subsahariano anda entre chabolas en un asentamiento de personas migradas. Lepe, Huelva, 07/04/2020.